Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) presuntamente apuntaron una pistola contra un representante estatal y su personal en Chicago la semana pasada en el lado norte de la ciudad. Al día siguiente, dos ciudadanos estadounidenses, empleados de un concejal de la ciudad, fueron arrestados en redadas en el vecindario latino de Little Village y en Cicero, un suburbio al oeste. Un líder local catalogó lo ocurrido como una “escalada brutal” de las operaciones migratorias del gobierno de Trump.
Casi dos meses después del inicio de las operaciones de ICE en Chicago, escenas disruptivas y caóticas como esta ya no sorprenden tanto. En las últimas semanas, agentes han descendido a rápel desde un helicóptero Black Hawk hasta un edificio de apartamentos; han disparado balas de pimienta contra personas que protestan de forma pacífica y han atado las manos de niños con cintas de plástico. ICE y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no han dado respuesta sobre algunos de estos incidentes, y en otros han dicho que las acciones de sus oficiales tuvieron justificación.
Este proceder en la aplicación de la ley no es meramente incidental. Parte de la justificación de la postura intensamente represiva de la administración siempre ha sido infundir miedo para llevar a la gente a la autodeportación, señaló ProPublica en un informe. El esfuerzo en Chicago ha incluido videos promocionales que muestran operaciones agresivas y militarizadas con un toque cinematográfico. Una verificación de AFP desveló que al menos uno de esos videos de la Casa Blanca incluían imágenes de operativos anteriores en otras zonas del país.
Mientras tanto, comunidades en todo Chicago están generando sus propios movimientos para frenar a ICE. Con frecuencia, en los vecindarios se escuchan silbatos mientras la gente monitorea a los agentes y alerta a otros sobre su presencia en la zona. Estos esfuerzos han estado acompañados con protestas de respuesta rápida y batallas en las cortes para determinar si los agentes han usado fuerza excesiva contra los manifestantes.
Sin embargo, detrás de toda esta conmoción, el trabajo de endurecer el sistema migratorio ha sido metódico. Según ICE, los agentes federales realizaron más de 1,000 arrestos durante el primer mes de sus operaciones, capturando a migrantes recién llegados a Chicago así como a residentes de larga data. Han “repuntado” las llamadas de familiares de detenidos por autoridades migratorias a las líneas de asistencia legal en el área. Muchos de ellos han sido trasladados a centros en Luisiana y Texas, apartados de sus familias y abogados, y sin la esperanza de que puedan ser liberados mientras sus casos migratorios estén pendientes.
Según abogados de inmigración, esto muestra una reconfiguración profunda del aparato de detenciones y deportaciones, alejándose de la discreción y con un objetivo: sacar a la gente del país lo más rápido posible y por cualquier medio.
Históricamente, los agentes en oficinas locales de ICE podían considerar las circunstancias de cada caso —por ejemplo, si se trataba de una madre lactante o de un inmigrante con condiciones médicas graves— para decidir si una persona debía permanecer arrestada.
“Esa discreción ha desaparecido completamente”, dijo Sarah Cockrum, abogada supervisora de Beyond Legal Aid, una organización en Chicago que brinda servicios legales a personas con casos en cortes de inmigración. Ahora, agregó Cockrum, “hay niños con cáncer que están detenidos, lo que es verdaderamente terrible”.
De hecho, antes los agentes no solo consideraban esos factores sino que —bajo un memorando emitido al principio del gobierno de Joe Biden— estaban obligados a evaluar todas las circunstancias para decidir si una persona debía permanecer bajo arresto. El memorando establecía que la “pregunta primordial” era si la persona representaba un riesgo para la seguridad pública o no.
El gobierno de Trump revirtió por completo ese memo pocos días después de asumir el poder, esencialmente redefiniendo la discreción como la autoridad para detener y deportar más rápidamente y no como la evaluación de todas las circunstancias en la vida de una persona.
Una vez que ICE efectúa el arresto, el siguiente punto en el que funcionarios tradicionalmente han tenido alguna discrecionalidad es en materia judicial. Días antes de que DHS anunciara su operación en Chicago, la Junta de Apelaciones de Inmigración decidió que los jueces no tienen la autoridad para otorgar fianzas a ninguna persona que hubiera entrado a Estados Unidos sin autorización.
Pero esa no es la única forma en que el gobierno ha buscado limitar el poder de los jueces. Desde el inicio del verano, abogados del gobierno ante las cortes de inmigración en Chicago —y en todo el país— han solicitado con más frecuencia a los jueces desestimar los casos para que los agentes federales puedan arrestar a los inmigrantes a la salida de sus audiencias. En muchos casos, el gobierno ha buscado deportarlos de forma expedita, un proceso que ahora transcurre en tiempo récord sin que el caso sea revisado por una corte; anteriormente se aplicaba a personas detenidas cerca de la frontera y que habían estado en Estados Unidos por poco tiempo. En agosto, un juez federal detuvo los esfuerzos de la administración para ampliar el uso de la expulsión expedita.
“Lo que estamos viendo es un gran impulso para sacar a la gente del sistema judicial de inmigración, de modo que no tengan la oportunidad de pelear su caso en la corte”, dijo Cockrum.
Con menos vías para que los oficiales de ICE o los jueces de inmigración permitan que alguien permanezca en Estados Unidos o fuera de detención, los defensores de los derechos de los inmigrantes han recurrido a los tribunales federales. A comienzos de octubre, un juez federal dictaminó que ICE había violado un acuerdo judicial de 2022 que limita la capacidad de la agencia para realizar arrestos sin orden judicial en seis estados del Medio Oeste, incluido Illinois.
Mientras ICE presuntamente infringe las protecciones legales existentes y la administración busca formas de eliminar otras protecciones, las comunidades de toda la región están sintiendo el impacto. En Niles, junto a Chicago, Ofelia Torres, de 16 años, quien lucha contra una forma extraña y agresiva de cáncer, recurrió a las redes sociales para pedir la liberación de su padre, Rubén Torres Maldonado. Ella lo describió como quien “cuida de mi hermano mientras yo estoy en el hospital”. Torres Maldonado también es el sostén económico de la familia, informó el Chicago Tribune. Fue arrestado el 18 de octubre en el estacionamiento de una tienda de productos para el hogar.
Cockrum dijo que, en el pasado, alguien como Torres Maldonado —padre de una niña enferma, que ha vivido más de la mitad de su vida en Estados Unidos y que solo tiene infracciones menores de tráfico— era exactamente el tipo de persona que no era una prioridad en operativos de detención. Si hubiera sido arrestado, probablemente se le habría concedido libertad bajo fianza.
En cambio, el gobierno de Trump en un comunicado desestimó los esfuerzos legales para liberarlo y los catalogó como “un intento desesperado para mantener a un extranjero ilegal criminal en nuestro país”. En la declaración, los funcionarios afirmaron que Torres Maldonado chocó contra un vehículo del gobierno mientras intentaba huir.
El viernes, un juez federal declaró como ilegal su detención y fijó una audiencia de fianza antes del 31 de octubre.
